Una causa por trata de personas contra Emereciano Sena, y su esposa, Marcela Acuña, ambos detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se reactivó después de 13 años. En la misma, también está acusado el ex funcionario, Osmar “Quintín” Gómez, también allegado al clan Sena.

La denuncia la hizo Sergio Schoklender en el 2010, y en la misma se establecía de "sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades".

También se denunció "sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras etc), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de construcción- de aproximadamente 40 viviendas- remitidos por la Fundación". Y por último, "usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios".

Actualmente la causa que había sido iniciada en 2010 fue reactivada por el fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, quien citó a dos mujeres que ya habían declarado como testigos.

Una de las testigos, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban.

“El trato era siempre malo, habían insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman”, declaró ante la Fiscalía.

En sintonía, la otra testigo María Soledad Vega, ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores y las pésimas condiciones en las que trabajaban.

“Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos”, recordó.

De acuerdo a la resolución del fiscal, los tres imputados “habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían, aprovechándose de la clara situación de vulnerabilidad de los mismos producto de las necesidades económicas, la falta de acceso a una vivienda adecuada, al empleo regulado y adecuadamente remunerado”.

De acuerdo a lo que establece Sabadini en el texto, los acusados hicieron “del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológico, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación, ante el riesgo constante de quedar sin trabajo”.

Además, el fiscal Sabadini es el que investiga el dinero encontrado en la casa de los Sena y sostiene que la trata de personas podría ser el delito precedente del lavado de dinero. 

Por eso también se solicitó informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a varios Registros de la Propiedad y del Automotor.

Pocos días después, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó que este año le transfirió $141.395.812,83 a la Fundación “Saúl Andrés Acuña”. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski.

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