AFIP rescató a seis personas que eran víctimas de explotación laboral por parte del dueño de una ladrillera en Córdoba
El dueño del predio fue denunciado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y el operativo se inició a partir de una denuncia al 0800-999-3368.
A partir de una denuncia telefónica, personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) fue a constatar la situación laboral de los trabajadores de una fábrica de ladrillos, ubicada en Córdoba, y se encontró con un grupo de seis personas que tenían que elaborarlos en hornos precarios, sometiéndose a altísimas temperaturas sin elementos de seguridad y en condiciones deplorables de salud e higiene.
El caso se inició en el ámbito de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), a partir de una denuncia recibida en la línea de contacto de la AFIP (0800-999-3368, opción 3) para informar delitos relacionados al empleo no registrado.
Luego de la llamada, agentes especializados fueron hasta el predio junto con personal de Gendarmería Nacional y psicólogos de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas de la provincia de Córdoba.
Durante el allanamiento se constataron todos los indicios de incumplimientos a las leyes del trabajo, de la seguridad social y de seguridad e higiene.
En particular, dos de los seis trabajadores (uno de ellos con una enfermedad crónica y el otro con un bebé recién nacido y el resto de su familia) vivían en el mismo predio donde se elaboraban los ladrillos, en condiciones infrahumanas, sin luz ni agua potable.
Con todos los elementos de prueba relevados en las tareas de campo más los datos aportados a partir de tareas de investigación, la AFIP denunció al contribuyente ante la Justicia Federal por presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Finalmente, cabe destacar que las seis personas serán asistidas por el “Programa Nacional de Rescate”, un mecanismo que depende del Ministerio de Justicia que actúa como una primera instancia de contención y que les ofrecerá: alojamiento temporal, asistencia material, médica, jurídica e incluso psicológica para las víctimas.