Por Melanie Berardi

@MelBerardiOk

A pocos días de cumplirse un año del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte, la fiscal Paula Kelm cerró la investigación de manera "arbitraria, autoritaria y apresurada" y elevó la causa a juicio con el único detenido por el caso, un albañil de 23 años, pese a que no existe ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima. "Si se lo condena sin ninguna prueba, habría dos víctimas", consideró la abogada de la familia de la mochilera de 35 años a cronica.com.ar.

Es que los familiares reclaman desde el comienzo de la pesquisa que existe encubrimiento y participación de la policía en el crimen de la joven oriunda de Buenos Aires, que había llegado a la localidad cordobesa a mediados de marzo del año pasado para escribir un libro con sus experiencias en viajes como mochilera por países de Latinoamérica.

Su desaparición fue denunciada días después, el 5 de abril, y veinte días más tarde, su cuerpo fue encontrado en un campo cercano al río Calabalumba.

"La investigación está plagada de errores que pueden verse a simple vista", aseguró Daniela Pavón, representante de la familia Basaldúa, a cronica.com.ar. Frente a los pocos avances judiciales, pidieron que se constituya como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cual rechazó este martes la decisión de Kelm, fiscal de Instrucción de Cosquín.

Según Pavón, la decisión de funcionaria fue "arbitraria, autoritaria y apresurada", ya que "pidió la elevación a juicio faltando un montón de prueba para dirigenciar" como testimoniales, resultados de pericias y conclusiones de otras pruebas; y con un único detenido por el caso, Lucas Adrián Bustos, acusado de "abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa", que contempla la pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, en fecha y hora que no pudieron determinar con exactitud, pero entre el 5 y 15 de abril de 2020, el acusado Bustos se encontró con Cecilia en el lugar donde hallaron el cuerpo y la sometió sexualmente. “Con la intención de quitarle la vida para ocultar del delito precedente y lograr su impunidad, apretó el cuello de Basaldúa hasta que dejó de respirar, fracturándole la rama izquierda del hueso hioides, provocando la asfixia mecánica de la mujer, siendo estas lesiones la causa eficiente de la muerte”, sostuvo la fiscal Kelm.

La única evidencia que pesa sobre Bustos es una supuesta confesión realizada en una comisaría, con únicos testigos a dos agentes a quienes el joven luego denunció por torturas. Las posteriores pruebas de ADN arrojaron resultados negativos respecto de la presencia de Bustos en el lugar del hecho y de un posible contacto con Cecilia.

"El problema es que este chico va a llegar a juicio y hay dos opciones: lo absuelven por falta de pruebas, que es lo que debería pasar porque no hay nada que lo incrime directamente; o se lo condena, sin ninguna prueba, lo cual sería lo más grave porque habría dos víctimas", consideró Pavón.

En caso de quedar firme la elevación a juicio, éste será en la Cámara en los Criminal y Correccional de Cruz del Eje, "una ciudad muy patriarcal y conservadora", ilustró la letrada y admitió: "Eso da miedo, llegar a un juicio en estas condiciones porque puede pasar cualquier cosa".

Para la familia, el principal sospechoso es Mario Gabriel Mainardi, quien es propietario de la vivienda donde se alojó Cecilia y la última persona en verla con vida. Además, apuntan a tres personas más: una mujer y los dos policías mencionados.

Las contradicciones que denunció la familia Basaldúa

El expediente por el femicidio está lleno de testimonios de la policía, reveló Pavón a este medio. Lo llamativo sobre ello se desprende de la última testimonial al que tuvo acceso la querella en la que un oficial de Homicidios de Córdoba admite que "nunca fueron parte de la investigación ni tuvieron acceso al cuerpo ni al sumario" a pesar de que su división tiene competencia en esos casos, indicó la letrada.

Y detalló: "La investigación era llevada a cabo por un comisario y un subcomisario. Casualmente, hace más tres de meses, hay uno de ellos detenido por abuso sexual contra una menor en reiteradas oportunidades y privación ilegitima de la libertad. La fiscal nunca investigó a estas personas".

Un audio difundido en agosto del año pasado es clave para la querella, que solicitó analizar su procedencia. En ese mensaje de voz, una chica acusó de asesinar a Cecilia y arrojar su cuerpo en un descampado al dueño de la casa donde ella se alojaba, a los dos policías y a una mujer, identificada como Viviana Juárez, alias "La Rasta", "una supuesta artesana con alto poder adquisitivo" que llevó a la víctima hasta ese domicilio. "La fiscal nunca se interesó en buscar quién era la mujer del audio, si sus dichos coincidían con la realidad, si realmente estaba en peligro", sostuvo Pavón. 

"Nos llama también la atención que, durante 20 días, a Cecilia la buscaron con drones, perros y helicopteros, y nadie la vio. Y justamente, el día que llegó la familia a Córdoba, el cuerpo aparece -continuó- Es muy coincidente. Pero, además, cinco días antes, un medio da la información que encontraron un cuerpo en un basural coincidente a donde apareció Cecilia".

Para la querella, detrás del crimen, "hay una red de trata ligada al narcotráfico". "Cecilia estuvo privada de su libertad por varios días. Ella tenía conocimientos en taekwondo y en defensa personal, era cinturón negro de karate, era una persona que se podía defender y por eso, este hecho fue llevado a cabo por varias personas. Hay mensajes de ella con su hermano en las que menciona diferentes sustancias que le daban esta gente donde estaba parando. Esos mensajes están en el expendiente y nadie los analizó", cuestionó la abogada.

Por M.B.