El caso de Gabriel Fernández, un nene torturado y asesinado por sus padres, llegó a Netflix
Su madre fue condenada a cadena perpetua y a su padrastro lo espera la pena de muerte. Ocurrió en el estado de California en el 2013.
El terrible asesinato de Gabriel Fernández, un niño de 8 años, conmocionó años atrás a la ciudad de Los Ángeles, fue torturado por su familia y murió a causa de los traumatismos. A principios del 2020 se estrenó en Netflix la serie-documental sobre el caso, “Los Juicios de Gabriel Fernández”.
Su madre, Pearl Fernández (34) y su padrastro Isauro Aguirre, de 1,88 metros y 122 kilos (38), fueron condenados a cadena perpetua y pena de muerte respectivamente. Ambos torturaban al niño y según sus hermanos, “se reían” mientras lo hacían. Estos episodios incluían golpes, patadas, quemaduras con cigarrillo, rocío de gas pimienta, dormir atado en un placard e incluso Gabriel fue obligado a comer arena y heces de gato. ¿El motivo? Pensaban que era homosexual.
El hecho ocurrió el 22 de mayo de 2013, cuando la madre de Gabriel llamó al 911. Al llegar, los oficiales lo encontraron en el piso, sin ropa y con varios golpes. Aparentemente el niño no había levantado sus juguetes, lo que le valió una golpiza por parte de la familia. Falleció dos días después a causa de “traumatismo contundente coincidiendo con negligencia y desnutrición”.
Gabriel había sido criado por sus abuelos y tíos, era feliz con ellos hasta que a los 4 años su madre decidió llevárselo para cobrar subsidios. En su momento la familia expresó su preocupación por esta decisión, ya que desconfiaban de Fernández, no era para menos.
En la lectura de sentencia de sus tutores, el juez calificó el caso como “el más agravado y atroz de tortura que este tribunal haya presenciado”, además agregó que “decir que la conducta de ambos fue animal, sería mal porque incluso los animales saben cómo cuidar a sus crías”.
Así condenaban a los asesinos de Gabriel
Por su parte, el caso generó mucha controversia en torno a los servicios sociales de Los Ángeles. Se presume que se habían presentado más de 50 reportes telefónicos a los trabajadores sociales para denunciar indicios de los abusos. Según la investigación inicial, los funcionarios del Departamento de Servicios de Niños y Familias (DCFS) debieron haber actuado con más diligencia para evitar la tragedia. Esto generó los despidos de varios empleados que luego fueron enjuiciados.
En las últimas horas, el caso volvió a tomar actualidad ya que un juez le negó la anulación de condena por asesinato a Pearl, que había pedido quedar en libertad bajo fianza.
