El presidente destituido de Perú Pedro Castillo convocó a sus seguidores a esperarlo frente a la sede policial cuando este miércoles termine su detención y sea liberado, tras permanecer casi una semana tras las rejas, luego del intento de autogolpe de estado.

A su vez, responsabilizó a la mandataria Dina Boluarte por el “feroz ataque” a los ciudadanos y resaltó: "Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón".

"Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá; desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo en una audiencia judicial virtual en la que se evaluó una apelación a su detención preliminar de siete días.

Castillo volvió a usar sus redes sociales para insistir en su reclamo a las fuerzas de seguridad y embestir contra Boluarte, a quien ayer ya había llamado “usurpadora”.

“Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”, escribió Castillo.

Castillo, detenido por la policía hace seis días, tras anunciar la disolución del Congreso y luego de ser destituido por el parlamento, hizo “un llamado” al pueblo “para seguir alertas y optimistas”.

En la reanudación de la audiencia, el pedido de apelación presentado por la defensa de Castillo fue rechazado, por lo que el exmandatario deberá permanecer detenido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) al menos hasta mañana hasta el mediodía, cuando vence el pedido de detención preliminar por siete días.

La decisión adoptada por la Sala Penal Permanente y expuesta por San Martín señaló que las medidas provisionales tienen un fin de “aseguramiento” tanto para al expresidente, como para que las autoridades realicen las diligencias más urgentes para el esclarecimiento de lo sucedido.

Boluarte asumió la jefatura de Estado, como prevé la Constitución, lo que desató una ola de violentas manifestaciones en su contra, con rutas bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según un balance de la policía.