Hace un año, José Gregorio Hernández, empezó a tener dudas acerca de su paternidad por la falta de parecido físico entre su hija de cuatro años con sus hermanos y con él. La inquietud lo llevó a realizar una investigación que culminó con una prueba de ADN, que confirmó que la niña no tenía relación biológica con él y tampoco con su esposa. 

Fue así que tras una intensa búsqueda el hombre logró dar con el paradero de su verdadera hija. En ese momento descubrió que las familias se llevaron a la bebé equivocada  por un error del Hospital Niño Jesús de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, y criaron a las menores como propias durante cuatro años.

Hoy ambas pequeñas residen juntas y comenzaron un proceso de adaptación para evitar posibles secuelas psicológicas.

“La verdad no quiero separarlas, yo podría criar a las dos niñas, yo tengo cómo mantenerlas. Yo amo a mis seis hijas por igual, ellas son todo para mí y la verdad es que no soportaría saber que la niña que estoy criando se la lleven y pase algún tipo de necesidad”, contó el hombre a medios locales.

Además, comenzó un letigio judicial contra el Hospital, por los "perjuicios morales" que sufrieron ambas familias por el error que cometieron en el centro médico al entregar a las bebas equivocadas.

“Ante el caso que denominamos como el ‘cambiazo’ se va a iniciar una acción administrativa denominada medio de control de reparación directa, este recurso contempla agotar los requisitos de procedibilidad ante el procurador delegado ante lo Contencioso Administrativo", explicó el abogado del caso, Jairo González.

"Y en caso de que en esa instancia no se logre un resultado favorables, es decir una conciliación, procederemos a presentar una demanda ante los juzgados, quienes resolverán la situación”, agregó. 

La demanda se haría para buscar una “reparación directa”, dado que el Hospital Niño Jesús, señaló el abogado, es la entidad pública del orden departamental, que tendría que indemnizar “por los daños morales sufridos”.

Según la palabra del abogado, la Corte de ese país “establece pagar hasta 100 salarios mínimos legales vigentes por cada miembro de la familia afectada”.

“Hay que tener claro que se violó el artículo 42 de la Constitución Política, que establece que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. En este caso específico se privó a los niños del disfrute de sus padres y viceversa, pero sin dudas, este padre es un ejemplo de protección de los derechos de los menores”, enfatizó González.