El presidente de España, Pedro Sánchez, fue citado a declarar en el marco de la causa en contra de su esposa, Begoña Gómez, quien es investigada por posible tráfico de influencias.

La convocatoria judicial fue dispuesta por el juez Juan Carlos Peinado, quien indagará al mandatario en el Palacio de la Moncloa, aunque los miembros del Gobierno pueden declarar por descrito.

La ley española establece que, ante una citación judicial, tanto el presidente y sus ministros como los miembros de la familia real pueden no acudir al juzgado. La ley, sin embargo, no los exime de tener que prestar declaración, algo que podrían hacer por escrito.

Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha modificado la situación procesal del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que pasó de testigo a investigado y al que citó a declarar el próximo 29 de julio, un día antes que el presidente del Gobierno. 

De esta manera, se convirtió en el tercer imputado de la causa junto a la propia Begoña Gómez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

En el escrito en el que acuerda citar a Pedro Sánchez como testigo, el juez instructor subraya que a fin de investigar el posible tráfico de influencias en el que pudo incurrir Begoña Gómez, “así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad, se considera conveniente, útil y pertinente la toma de declaración del esposo de la investigada”. 

La imputación contra Begoña Gómez

Gómez está imputada por haber favorecido, hipotéticamente, a obtener licitaciones públicas a empresarios vinculados al máster que habría sido diseñado especialmente para que ella co-dirija en la Universidad Complutense de Madrid.

La denuncia inicial contra la mujer de Sánchez, que el juez Peinado aceptó investigar a mediados de abril, fue presentada por una asociación de derecha, Manos Limpias.

La mujer de Pedro Sánchez fue citada por el juez el viernes 19 de julio y, avalada por el derecho que tiene, no declaró.

De comprobarse la acusación, podría involucrar la concesión de fondos europeos para ayudas a empresas españolas. Por eso, la Fiscalía Europea reclamó al juez de Madrid ocuparse de esta parte de la investigación.