El gobierno de Chile deportó hoy por vía aérea a 55 venezolanos a los que acusó de haber ingresado de manera irregular y de delitos más graves, en un procedimiento que fue cuestionado por organizaciones de ayuda a los inmigrantes.

La Policía de Investigaciones (PDI) trasladó a los venezolanos en cinco ómnibus hasta el aeropuerto de Iquique -a unos 2.400 kilómetros al norte de Santiago-, vestidos con mamelucos blancos con capucha y mascarillas, esposados y cada uno acompañado por un agente.

Allí abordaron un avión rumbo a Caracas, según imágenes proporcionadas por el gobierno regional de Tarapacá y citadas por la agencia de noticias AFP.

El procedimiento fue similar al utilizado en febrero pasado, cuando fueron deportados 138 inmigrantes, la mayoría venezolanos y colombianos pero también peruanos y bolivianos.

También parecidas fueron las críticas de organizaciones humanitarias según las cuales se estaría violando los tratados internacionales de protección a refugiados.

“Este es el primero de los vuelos contratados por la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería y Migraciones para materializar expulsiones, ya sean judiciales o administrativas”, afirmó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en conferencia de prensa.

El funcionario precisó que “en este caso son 55 ciudadanos extranjeros”, de los cuales 40 fueron deportados por haber ingresado a Chile por pasos prohibidos y los otros 15, por delitos como robo y tráfico de migrantes o de drogas.

Con este nuevo proceso de expulsiones, el gobierno del presidente Sebastián Piñera pretende deportar a unos 1.500 extranjeros este año, para lo cual alquiló 15 aviones comerciales que realizarán otros tantos vuelos.

En lo que va del año ya fueron expulsados 200 extranjeros en aviones de la Fuerza Aérea, en operativos que continuarán de manera paralela al proceso de deportación iniciado hoy, indicó Galli.

Además, el año pasado fueron expulsados 1.365 extranjeros, según datos del Ministerio del Interior.

Organizaciones humanitarias denunciaron que estos procedimientos vulneran los derechos de los inmigrantes pues se les confiscan sus documentos, se les impide el acceso a abogados y el arresto infringe la flamante Ley de Migraciones, vigente desde el martes pasado.

Esa norma establece que quienes ingresaron con pasaporte o documento de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa.

Asimismo, contempla que quienes entraron por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa y, si esta es concedida, podrán regresar.

“No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso”, sostuvo el Servicio Jesuita a Migrantes.

En enero pasado, más de 3.800 extranjeros, mayormente venezolanos, ingresaron a pie de manera irregular por la frontera entre Chile y Bolivia, y cuatro venezolanos y un colombiano murieron en el intento, según datos oficiales.