Bolivia: Jeanine Áñez se negó a declarar en la causa por un préstamo del FMI
La expresidenta de facto boliviana se acogió a su derecho a no declarar en la audiencia a la que había sido llamada, en la cárcel paceña de Miraflores, por la causa iniciada a partir del crédito que su administración tomó del Fondo Monetario Internacional, y por el que se la somete a un juicio de responsabilidades.
La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez se acogió hoy a su derecho a no declarar en la audiencia a la que había sido llamada por la causa iniciada a partir del crédito que su administración tomó del Fondo Monetario Internacional ( FMI), y por el que se la somete a un juicio de responsabilidades.
Áñez "se abstuvo de declarar; nosotros no vamos a emitir ningún pronunciamiento hasta que obviamente tengamos todos los documentos para hacer la defensa; en todos los casos nos vamos (acoger al derecho) al silencio, puesto que necesitamos analizar los casos para poder hacer la defensa", explicó a la prensa local su abogado, Ariel Coronado.
La exmandataria había sido citada a declarar hoy en la cárcel paceña de Miraflores, donde está detenida y hasta donde llegaron los fiscales, reseñaron los diarios Los Tiempos y La Razón.
Uno de los fiscales, Gonzalo Aparicio, dijo que Áñez "ha decidido abstenerse a prestar su declaración informativa, haciendo uso de un derecho constitucional".
La exgobernante enfrenta dos causas de este tenor, ambas iniciados por el Ministerio de Justicia.
En el caso del FMI, la denuncia es por la tramitación de un crédito en 2020, cuya devolución y cobros adicionales con intereses generó recientemente un daño económico al Estado boliviano de cerca a 30 millones de dólares.
En otro proceso se acusa a Áñez por la ampliación, presuntamente irregular, a la firma FundaEmpresa de la concesión del servicio que se brinda para otorgar matrículas de comercio y el control de la actividad del rubro.
Asimismo, contra Áñez hay otras acusaciones, una por su responsabilidad en el golpe de estado contra Evo Morales, en 2019, una por un decreto que restringió la libertad de prensa y otra por vulnerar los derechos de ciudadanos bolivianos en Chile a quienes se les habría restringido el ingresó al país durante la primera ola de la pandemia.
El crédito del FMI fue el de mayor resonancia porque el Gobierno de Luis Arce devolvió en febrero pasado unos 346 millones de dólares al organismo crediticio, una suma que supone el préstamo inicial más los intereses.