Una mujer de origen liberiano vive con miedo ante la posibilidad de ser deportada de los Estados Unidos y por las posibles represalias luego de testificar contra los hombres que asesinaron a su novio cuando buscaban dinero proveniente del narcotráfico.

La mujer, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, sostuvo que vale la pena soportar el miedo. Llegó allí hace 20 años con una visa de visitante escapando de la guerra civil en su natal Liberia. Y una vez que venció su documentación, decidió quedarse para poder trabajar y enviarle dinero a su hijo.

“Las oportunidades de aquí no están en mi país”, dijo la mujer de 55 años. “Todos dependen de mí. Es por lo que trabajo, para ayudar a mi familia”.

Su última esperanza de permanecer en el país es la visa U, otorgada a víctimas o testigos de delitos graves que pueden ayudar a la autoridad a resolverlos.

Pero el programa lleva años con problemas. Según los abogados de los inmigrantes, la solicitud puede llevar años y mientras tanto corren riesgo de ser deportados. Incluso alguno se quedan sin los permisos de trabajo

Además, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se facilitó la deportación de los solicitantes de la visa U, que ahora esperan la ayuda del presidente Joe Biden, quien respaldó cambios en las principales leyes de inmigración y cuyo debate iniciará esta semana en la Cámara de Representantes.

El programa fue creado en el 2000 y luego se incluyó en una legislación más amplia para combatir la trata de personas y la violencia contra las mujeres. La mayoría de los solicitantes son mujeres y niños que sufieron abusos

Los defensores buscaron cambios durante años, diciendo que el enorme retraso (más de 160.000 casos, según datos federales) y la falta de protección contra la deportación durante el proceso debilitaron la eficacia de la visa U.

Entre esos caso está el de la mujer de Liberia, que testificó sobre el asesinato de su novio y presentó su solicitud de visa U en 2017. Aunque ella si continuó trabajando como conserje de hotel y asistente en un hogar.

“Estas personas han cumplido su parte del trato y le pedimos al gobierno que cumpla la promesa que le hicieron a estas víctimas”, dijo David Freedman, un abogado de la firma Barley Snyder en Pensilvania que ayuda a las personas con casos de visas.

La ley federal limita las visas U a 10.000 por año, y los esfuerzos para aumentar el límite fracasaron. A pesar de que cuando se toma una decisión, se aprueban un 85 por ciento de las solicitudes, siguen siendo pocas visas U disponibles.

El proyecto de Biden y los demócratas busca incrementar el límite anual a 30.000.

“Si bien ese es un comienzo prometedor, aún queda más trabajo por hacer dado el tamaño del atraso”, dijo Amy Cheung, asesora principal de Asista, una organización que apoya a migrantes.