El 24 de marzo de 1976 se consumó el último golpe cívico-militar en la Argentina. En esa fecha, con respaldo de diversos sectores de la comunidad civil, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, popularmente conocida como Isabel.

Del mismo modo, destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales, así como también la de los partidos políticos. En suma, clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática.

La Constitución Nacional dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares, quienes como justificativo expusieron una situación de desorden y violencia social y armada que -a su entender y de quienes los respaldaban- ameritaba su accionar.

El Gobierno de facto estuvo integrado, desde ese momento y durante unos años, por una Junta Militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.

Aunque desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático, con supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo y violenta represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado. y traslado de apresados a centros clandestinos, instalándose la figura de los "desaparecidos". La organizaciones de derechos humanos aseguran que fueron alrededor de 30.000.

Sectores antagónicos aseguran que fueron muchos menos. Pero lo importante es que el terror se instaló en el país. También hubo varios miles de exiliados, entre ex funcionarios y legisladores, sindicalistas, dirigentes universitarios, artistas, periodistas, etc.

A la vez que se desarrollaron acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaron decisiones económicas que privilegiaron la importación de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país. Así, miles de trabajadores de la industria nacional perdieron sus empleos.

A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita: de 8.000 a 43.000 millones de dólares en diciembre de 1983, gran parte de la cual se convirtió, por decisión de la misma dictadura, de deuda privada en deuda pública, es decir que debieron pagarla todos los argentinos.