La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional escuchó los argumentos de los abogados de las víctimas del incendio de Iron Mountain, para decidir si pueden participar como querellantes en el expediente que investiga las responsabilidades penales en el siniestro que provocó diez muertos.

El abogado de los familiares, Javier Morales, sostuvo ante los jueces que “no hay motivo para restringir el derecho de la parte” a ser actor en el proceso, en tanto que el abogado de la empresa, Martín García Santillán, recordó que los familiares firmaron un acuerdo con la empresa y la compañía de seguros en donde renuncian a tomar parte en el proceso.

La audiencia comenzó al mediodía, ante el tribunal integrado por Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morín y Horacio Días, y se prolongó durante poco más de dos horas con la presentación del abogado de la familia y de cinco letrados por la defensa de los imputados.

La pretensión de los familiares es ser admitidos como querellantes para poder intervenir en el trámite judicial, tener acceso a las actuaciones, solicitar medidas, acusar y ser notificados de las resoluciones que se tomen, con el derecho a recurrirlas, además de tener acceso a todo el expediente.

El incendio del depósito de la multinacional especializada en guarda de documentos, ubicado en Azara y Jovellanos, en el barrio porteño de Barracas, se produjo la mañana del 5 de febrero de 2014 y produjo la muerte de ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil cuando se derrumbó un muro perimetral de diez metros de altura.

“Para nosotros las víctimas no son números, ni leyes, sino personas que perdieron la vida, y por tanto pedimos que nos permitan seguir querellando en esta causa y eventualmente, si llegamos a un juicio oral y público, obtener memoria, verdad y justicia”, cerró su presentación Morales, luego de sostener que no existen impedimentos para que los familiares de las víctimas participen.

En el episodio murieron Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos, Pedro Barícola y Facundo Ambrosoni.

A su turno, García Santillán refutó los argumentos de Morales anteponiendo que “nada dijo mi colega que en el mes de diciembre del año 2014 hubo una presentación judicial en donde los querellantes, con patrocinio letrado, renunciaron al carácter de querellantes”. “Dicha renuncia expresa fue consolidada judicialmente con un auto que homologó la decisión”, retrucó el defensor, cuestionando -así- el principio expuesto por Morales en el sentido que un acuerdo civil no implica de ningún modo la renuncia a ser parte de la investigación criminal.

Luego de las exposiciones, completadas por otro cuatro abogados en el caso de la compañía, los jueces dieron lugar a un espacio de respuesta a los argumentos de la contraparte, y al finalizar formularon preguntas técnico-jurídicas sobre el estado del expediente, las pretensiones de los familiares de las víctimas y otros detalles.

Si bien no hay plazos procesales para que el tribunal tome una decisión, los abogados consultados por Télam evaluaron que la definición podrá llegar en las próximas 48 horas, y no mucho más allá de diez días hábiles, a partir de este lunes.

Por el presunto delito de “incendio culposo seguido de muerte”, en marzo de 2018 el juez en lo criminal Pablo Ormaechea procesó, sin prisión preventiva, a 12 ex funcionarios del gobierno local: Vanesa Berkowski, Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers, Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther Moroni, Jorge Papanicolau y Rafael Roldán.

También fueron procesados cuatro directivos de la empresa y un encargado de la seguridad. En todos los casos con embargos multimillonarios de sus bienes, pero sin prisión preventiva.