Las denuncias por casos de abuso sexual por parte de miembros de la iglesia católica no cesan. Este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín constituido por el Dr. Raúl Luchelli Ramos, la Dra. Mónica María Carreira y la Dra. Carolina Martínez empezará a escuchar los alegatos de los fiscales, de la querella y de la defensa en el juicio contra el cura abusador Carlos Eduardo José, imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de sacerdote.

Mailín Gobbo, de 33 años, lo denunció en 2017 por los abusos cometidos cuando ella era menor de edad, entre 1999 y 2008, mientras él era el cura apoderado del colegio al que ella concurría, el Instituto San José Obrero de Caseros, y amigo de su familia.

En el juicio oral que comenzó el 4 de febrero sus abogados, Héctor Silveira y Alejandro Stipancic, le pedirán al tribunal la pena máxima que la justicia contempla para este delito, que va de 8 a 20 años de prisión.

En lo que va del proceso judicial, por la defensa del abusador hubo 21 testigos y todavía quedan pendientes 3 personas más, sin contar las dos declaraciones que voluntariamente pidió hacer el cura durante las audiencias. Por parte de la acusación fueron 16 testigos en total, incluyendo a las dos peritos psicólogas oficiales además del testimonio de la denunciante.

Desde la mirada de Silveira y Stipancic, el proceso judicial fue hasta ahora muy trabado y excesivamente largo. “Los jueces debieron ser muy tolerantes a la actitud de la defensa del sacerdote para evitar que se plantearan nulidades ulteriores”, explicó Silveira, quien agregó que los abogados defensores del cura abusador jamás negaron los hechos, sino que su estrategia fue buscar separar los delitos denunciados para intentar prescribirlos.

“Los testigos presentados por la defensa del sacerdote eran todos fundamentalistas religiosos, dependientes económica y laboralmente de la Iglesia católica”, detalló Silveira, quien junto con Stipancic destacó el trabajo técnico de la fiscalía a cargo del Dr. Ricardo Romero acompañado por la fiscal de instrucción, Dra. Andrea Paola Campos.

“Los testigos presentados por la defensa del sacerdote eran todos fundamentalistas religiosos, dependientes económica y laboralmente de la Iglesia católica”.

“Las pruebas están, el plexo probatorio es amplio, condenatorio, necesitamos que el tribunal no libere a un pedófilo”, sostiene Silveira. En los últimos días, se viralizó en las redes un video que forma parte del trabajo documental de María Silvia Esteve en el que se evidencia el modus operandi del acusado. El material fue desestimado por el tribunal por un tema procesal, pero en las imágenes puede verse de manera clara la metodología manipuladora del abusador.