Hoy se cumplen veintitrés años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, hecho cometido en una zona cercana a Pinamar, donde el reportero gráfico de la editorial Perfil realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano, dado que era la ciudad balnearia más elegida por empresarios y políticos para veranear durante la década de 1990.

El homicidio fue perpetrado durante la madrugada del 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, a la que Cabezas había asistido. Para la Justicia, la víctima fue capturada por la llamada “Banda de Los Horneros” en un operativo clandestino supervisado por los entonces policías bonaerenses Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde el también policía Gustavo Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba para trabajar.

El cadáver fue encontrado además con las manos esposadas en la espalda. También la Justicia determinó que el empresario Alfredo Yabrán -del sector postal, como Andreani- fue el autor intelectual “mediato” del crimen de Cabezas, ya que casi un año antes el reportero le había tomado una foto en la playa (lo que él mismo consideraba entre sus íntimos “como si me pegaran un tiro”), y su jefe de custodia, el ex sargento del Ejército Gregorio Ríos, el autor “inmediato”.

En tanto, Yabrán, al ordenarse su captura, terminó suicidándose de un escopetazo el 20 de mayo de 1998 en una finca de su propiedad en la provincia de Entre Ríos. En el juicio, Prellezo fue condenado a prisión perpetua como “autor material”. En los últimos años, todos los condenados fueron recuperando la libertad y, en 2010, a Prellezo le otorgaron la prisión domiciliaria por problemas de salud. El 8 de enero de 2017 el ex policía salió en libertad condicional por decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores.

Gran impacto político

El asesinato de Cabezas provocó un cimbronazo político en los gobiernos de los entonces presidente Carlos Menem y gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, quien advirtió en aquel momento que le “tiraron un muerto” y reveló vínculos entre la política, empresarios y la policía. En aquel tiempo, Duhalde, al frente del Partido Justicialista, buscaba suceder a Menem, quien ejercía su segundo mandato y aún especulaba con buscar un tercero. “Me tiraron un muerto”, reportaron los medios de la época que Duhalde les había dicho a sus allegados, al enterarse del hallazgo del cuerpo del fotógrafo de la revista Noticias calcinado dentro de un automóvil.

Al día siguiente, Menem opinó que no creía que el hecho tuviera connotaciones políticas, mientras que el gobernador ofreció una recompensa para quien aportara datos que permitieran resolver el caso. Duhalde, que pocos meses atrás había dicho que la bonaerense era “la mejor policía del mundo”, inició una investigación en la fuerza de seguridad, pidió ayuda al FBI ofreció indultos a quienes hubieran participado en forma secundaria en el crimen a cambio de datos.

El entonces ministro del Interior Carlos Corach desmintió que el menemismo intentara trabar la candidatura del gobernador a la Casa de Gobierno con el caso. La disputa política entre el Presidente y el gobernador se fue profundizando con el avance de la investigación a raíz de las diferencias que mantenían respecto del empresario Yabrán, a quien el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado en 1996 por “liderar una mafia enquistada en el poder”, durante una maratónica exposición ante la Cámara de Diputados.

Mientras Duhalde consideraba que Yabrán era “sospechoso” del crimen de Cabezas, Menem sostenía que el hombre que visitaba con frecuencia la Casa Rosada era “sólo un empresario más”. Unos cincuenta días después del asesinato, el gobernador hizo la primera de una serie de purgas en la policía provincial, exonerando a 150 efectivos. Cinco meses después del crimen renunció el ministro de Justicia Elías Jassan, al descubrirse que había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, sospechado de haber actuado como el instigador del homicidio.