Desde las primeras horas de este miércoles se registran momentos de tensión en los ingresos a distintas dependencias del Estado, donde cientos de trabajadores cesanteados intentan ocupar sus puestos laborales, mientras las fuerzas de seguridad están apostadas para evitarlo. De esta manera, el Gobierno monitorea el accionar de los trabajadores por la medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE).

En el marco del "plan de lucha" contra los despidos masivos de empleados públicos, desde ATE Capital denunciaron: "Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupados en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico".

Como bien informó el sindicato mediante las redes sociales, esta mañana hay decenas de efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería que rodean los ministerios y edificios públicos. 

Por su parte, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, alertó: "Patricia Bullrich ha declarado un paro del Estado. Es imposible trabajar con la militarización que ha propuesto esta señora". "La idea de este viernes hacer el paro más grande de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires", planteó.

De esta manera, en algunos organismos, como la Jefatura de Gabinete, hay hasta personal de seguridad privada que merodea los ingresos cerrados y con las persianas bajas amedrentando a quienes comenzaron a concentrarse en los alrededores. Los empleados hacen fila con su DNI para saber si fueron despedidos.

La lista de dependencias tomadas por las fuerzas de seguridad es larga y entre otras se encuentran el Polo Científico (Conicet, Ciencia y Tecnología, y Servicio Meteorológico), oficinas de Desarrollo Social y secretarías de Trabajo y de Derechos Humanos.

Por su parte, desde Casa Rosada anticiparon, según NA, que ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.

"Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda. Mientras se respete la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito, va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito", aseguró una fuente del Gobierno citada por esa agencia.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. "Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias", remarcó.

"Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos", puntualizó el funcionario en declaraciones televisivas. Además, el propio presidente Javier Milei fue el primero en alertar que "no va a dejar pasar" la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión.

"Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo", había contestado el sindicalista en una entrevista televisiva.

Crónica se acercó a dialogar con varios de los referentes de trabajadores estatales que encabezan la medida de fuerza